El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) es la normativa de la Unión Europea que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Su objetivo es proteger los datos personales de las personas físicas y garantizarles un mayor control sobre cómo se recopila, utiliza y conserva su información.
Su alcance es extraterritorial, lo que significa que se aplica a todas las organizaciones —dentro o fuera de la UE— que traten datos de residentes europeos.
El GDPR exige que el tratamiento de datos sea lícito, leal y transparente, y que la información se utilice únicamente para fines específicos y legítimos. Además, las organizaciones deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global, la cifra que resulte mayor.
Principios clave del GDPR
El reglamento se basa en siete principios fundamentales que orientan toda actividad de tratamiento:
- Licitud, lealtad y transparencia: Los datos deben tratarse de manera justa, clara y legal.
- Limitación de la finalidad: Sólo pueden recopilarse con un propósito legítimo y claramente definido.
- Minimización de datos: Sólo deben recolectarse los datos estrictamente necesarios.
- Exactitud: La información debe mantenerse actualizada y corregirse en caso de error.
- Limitación del plazo de conservación: Los datos deben eliminarse cuando ya no sean necesarios.
- Integridad y confidencialidad: Deben protegerse mediante medidas de seguridad adecuadas (como cifrado, seudonimización y control de accesos).
- Responsabilidad proactiva: las organizaciones deben poder demostrar el cumplimiento de la normativa.
Derechos de las personas
El GDPR reconoce derechos esenciales para los ciudadanos de la UE, entre ellos:
- Derecho de acceso, rectificación y supresión (“derecho al olvido”);
- Derecho a la portabilidad de los datos, que permite transferir la información a otro proveedor;
- Derecho de oposición y limitación del tratamiento;
- Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o perfiles sin intervención humana.
Estos derechos fortalecen la transparencia y la confianza digital, pilares de una gestión ética y segura de la información.
Evaluaciones de impacto y privacidad por diseño
El reglamento impone la realización de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) cuando una actividad pueda suponer un alto riesgo para los derechos de las personas —por ejemplo, en casos de vigilancia, análisis de comportamiento o tratamiento de datos sensibles—.
Asimismo, establece el principio de privacidad desde el diseño y por defecto, que obliga a incorporar medidas de protección de datos desde la fase inicial de los proyectos y configurar los sistemas para que recojan solo la información mínima necesaria.
En este contexto, prácticas como el cifrado, la seudonimización, el control de accesos y la gestión de incidentes se vuelven elementos esenciales de la ciberseguridad organizacional.
Relación con la ciberseguridad
La GDPR y la ciberseguridad están estrechamente vinculadas:
La norma exige proteger los datos frente a accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones, y obliga a notificar violaciones de seguridad (“data breaches”) a la autoridad competente y, en ciertos casos, a los afectados.
Por ello, el cumplimiento del GDPR no solo reduce riesgos legales, sino que fortalece la resiliencia digital, mejora la gestión de incidentes y refuerza la confianza de clientes y usuarios.
Conclusión
Cumplir con la GDPR va más allá de una obligación legal: es una estrategia de ciberseguridad y reputación corporativa.
Aplicar sus principios permite a las organizaciones proteger la información, prevenir incidentes y consolidar una cultura de responsabilidad y confianza en el entorno digital.